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Qué se criminaliza: la violencia o la desobediencia civil

Tras las Marchas de la Dignidad, la noticia, para gran parte de los medios nacionales e internacionales es el supuesto ensañamiento contra las Fuerzas del Orden en el cual, según ABC, al menos 67 agentes resultaron heridos (una de las excepciones es Al Jazeera, que se centra más en los motivos de las movilizaciones).

22m

Marchas de la Dignidad a su paso por Cibeles (22 de marzo de 2014)

Marchas de la Dignidad a su paso por Cibeles (22 de marzo de 2014)

Los diarios hablan de la violencia provocada por un grupo reducido de manifestantes, cuando, de manera continua, se omite el debate sobre la inducida contra las personas que ejercen su derecho a manifestarse por un Cuerpo del Estado como es la UIP.

Hay intención de criminalizar todo movimiento que vaya en contra del orden establecido: Si los medios de comunicación, en general, tuvieron reparos a la hora de hacerse eco de las marchas desde la salida hasta su llegada a la capital y de las trabas que algunas denuncian haber sufrido, no han dudado a la hora de reproducir imágenes en las que los manifestantes eran retratados de forma violenta.

29S

Movilizaciones del 29S (Glorieta de Neptuno, septiembre de 2012, Madrid)

Sin embargo, son numerosas las fotografías y vídeos que circulan en la red en los que se puede apreciar como las Unidades de Intervención Policial (UIP) ejercen la violencia de manera totalmente desproporcionada y, a nivel nacional, apenas tiene repercusión mediática en los medios tradicionales.

 

Los ciudadanos que, en su gran mayoría, se expresan de forma pacífica, son golpeados indiscriminadamente, permitiéndose el uso de armas que ponen en grave peligro la vida o integridad de las personas (el 22M un joven perdió uno de sus testículos por el impacto de una pelota de goma). La violencia nunca es justificable pero, hoy, se condena porque es la UIP la que ha cobrado, no por cuestiones éticas ni morales.

Como colofón de este despropósito, desde el gobierno, se intenta responsabilizar a los organizadores por no poder controlar lo que 1.700 agentes de la UIP, bien entrenados para estos casos, no “supieron” contener.

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