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Cámara oculta y periodismo

El derecho a informar frente a la intimidad y el honor

El uso de la cámara oculta para la realización de la labor periodística es una práctica envuelta en la polémica. El problema radica en que, cuando se utilizan medios como éste, entran en conflicto algunos de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978: El derecho a informar y a ser informado se contrapone con el derecho al honor y el derecho a la propia imagen y a la intimidad.

Uno de los motivos que se esgrimen en su contra es que el periodista logra “la filmación mediante un engaño añadido, mintiendo sobre su profesión y su verdadera intención”, además de acerca de su propia identidad (Redondo García: 2009). En lo que va de año, Reporteros Sin Fronteras lleva contabilizados 44 periodistas muertos mientras ejercían su oficio y 177 fueron encarcelados. Además, son innumerables los casos en los que sufren amenazas. No es raro que, en un oficio como este, los reporteros versionen sus vidas y sorteen lo lícito en pos de una protección mayor para sí mismos.

También hay quien se opone a “justificar, bajo ningún concepto, la grabación clandestina con cámaras en `pro´ del sacrosanto derecho de la información, cuando la Ley 4/1997, de 4 de agosto que regula la utilización de videocámaras en lugares públicos, exige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitar la correspondiente autorización”. Pronto se olvidan los hechos, fueron las cámaras ocultas instaladas por el Departamento de Interior en Les Corts, las que sacaron a la luz los abusos cometidos por agentes de las Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras estos datos, surge una pregunta: ¿Habrían actuado esos funcionarios con naturalidad si estuvieran en conocimiento de la existencia de dichas cámaras?

En su obra, Los elementos del periodismo, dos figuras reconocidas en el mundo de la información, Kovach y Rosenstiel, exponen los casos en los que el reportero puede hacer uso de métodos como el de la cámara oculta. Los cuales se transcriben a continuación (Cit. por Navarro Marchante: 2014):

  1. La información deber ser lo suficientemente importante o vital para el interés público. Sólo en ese caso se justifica el engaño.
  2. Los periodistas no deben recurrir al disfraz a no ser que no haya otro modo de conseguir información.
  3. Los periodistas deberían aclarar a sus lectores, oyentes o espectadores todos aquellos casos en que hayan engañado a las fuentes para conseguir una información y explicar los motivos de que lo hayan hecho, incluyendo en éstos por qué esa información justifica el engaño y por qué era éste el único modo de obtener los datos que se buscaban.

El problema surge cuando se abusa de técnicas como la estudiada en este texto. Pese a que, en un principio, su finalidad era la de denunciar actividades antijurídicas, en los últimos años, se ha ido extendiendo por el panorama televisivo español –como si de un virus se tratase– el empleo de la cámara oculta para todo tipo de programas, “fueron ocupando un espacio propio y la feroz e implacable lucha por las audiencias en televisión ha llevado a un uso abusivo y desmedido” (Gómez de Liaño: 2012). Surge la necesidad de denunciar las prácticas en las cuales, excusándose en el derecho a comunicar y a emitir libremente información veraz, se realiza “una especie de escarnio público de una persona en concreto, normalmente anónima hasta ese momento, que despertaba el interés morboso de la audiencia” (Navarro Marchante: 2014).

Con motivo de una demanda interpuesta por daños al derecho al honor además de al derecho a la propia imagen y a la intimidad, por una esteticista a la que una periodista contratada por Canal Mundo Producciones Audiovisuales S.A. había grabado con cámara oculta tras fingir ser una cliente en potencia (la intención de la periodista era desenmascarar a falsos profesionales del mundo de la salud). Cedieron las imágenes a la Televisión Autonómica de Valencia, para ser emitidas con posterioridad en uno de sus espacios televisivos. En enero de 2012, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que se declaraba en contra del uso indiscriminado de la cámara oculta como herramienta del periodista y la declaraba un medio ilegítimo:

“Aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante cámara oculta, constituyen una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen (…) sólo será legítima en la medida en que la afectación de dichos derechos resulte adecuada, necesaria y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de información. Por lo tanto, allí donde quepa acceder a la información pretendida sin necesidad de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente invasora de la intimidad o la imagen ajenos”.

Ante la sentencia, Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), auguraba un futuro incierto para el periodismo de investigación al afirmar que, sentencias como la expuesta, “hieren de muerte” a este tipo de periodismo. César González Antón, director de informativos de La Sexta, aseveró a su vez que “puede colisionar con el interés general y el derecho a informar”. Pero no todo son comentarios de esta índole, los más positivos hablan de un margen de maniobra para usar esta clase de métodos bajo ciertos condicionantes:

“Estos motivos podrían ser el riesgo inmediato para la vida de las personas, abusos permanentes de prácticas que atentan contra su salud, su seguridad personal o un ejercicio corrupto de la función pública, camuflada bajo tramas legales que impiden conocerlas a primera vista” (Suárez Villegas: 2011).

Teniendo en cuenta la ambigüedad subyacente en la sentencia anterior y en las leyes en general, la libertad de información y, en consecuencia el periodismo, pueden verse en una situación de lo más precaria. Los intereses personales o las presiones ejercidas desde grupos de poder pueden hacer que una persona –ya sea juez o jefe de redacción– se incline a favor de delimitar más de lo debido el derecho a informar en pro del derecho al honor y del derecho a la propia imagen y a la intimidad. Parece excesivo por parte del Tribunal Constitucional declarar “en todo caso” ilícito el método de la cámara oculta. Se antoja menos radical declarar ilícitos ciertos usos, como el que lleva a la sentencia anteriormente comentada.

Que la cámara oculta invade el ámbito de lo privado cuando es usado en un ámbito íntimo es de lo más comprensible. Pero cuando la ley percibe un despacho como un “lugar que está específicamente ordenado a asegurar la discreción de lo hablado y donde, además, se tiene una expectativa razonable de no ser escuchado u observado” (Magdaleno Alegría: 2012), habría que preguntarse que se planteaba, si defender la intimidad del cliente o la del profesional (que no quita que el medio elegido no sea el adecuado para llevar a cabo una investigación de ese tipo).

La interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional para futuros casos encara una doble dificultad para la profesión. Por un lado, los periodistas no son expertos en derecho –aprendices de todo, maestros de nada–. Por otro, se encuentra el problema de establecer quién se encarga de decidir para que informaciones es adecuado, necesario y proporcionado la utilización de un método tan invasivo. Algunos expertos abogan porque sean los propios medios los que, entre los editores y el equipo de investigación, decidan en que ocasiones podría hacerse uso de la discutible herramienta. Sin embargo, ayudaría la existencia de un colegio de periodistas a nivel nacional que dictara las guías a seguir en estos casos, realizase un seguimiento de los usos y penalizase la mala praxis, evitando de esta manera su uso indiscriminado.

El fin perseguido no siempre es la publicación de las imágenes. Una de sus utilidades razonables sería la de protección ante amenazas (a modo de seguro) o demandas judiciales, defendiéndose de demandas por calumnias, injurias o difamación. En este caso, el objetivo no es la emisión de las imágenes.

En caso de tener la intención de publicar el vídeo, las preguntas a responder serían: ¿Hay algún otro medio para conseguir las pruebas que nos lleven a la publicación de la historia? ¿Los hechos noticiosos son de interés público –sin confundirlo con el interés del público y caer en el sensacionalismo–? En el trabajo El necesario debate ético sobre las técnicas de obtención de información en televisión: cámara oculta y sensacionalismo su autora afirma:

“Los temas abordados utilizando la cámara oculta se podrían cubrir mediante otros métodos menos agresivos. Interpretamos que si la cámara oculta se utiliza es porque el resultado de la grabación resulta más espectacular y atrayente para los espectadores a quienes se invita a ser testigos de un acto cuyos protagonistas no quisieran ver difundido” (Redondo García: 2013).

Sin duda, no se debe buscar la espectacularización informativa ni el sensacionalismo, pero no en todos los casos la búsqueda de un impacto en la sociedad ha de percibirse como algo negativo, un uso correcto puede concienciar al mundo. Ese sería el caso del famoso documental Las habitaciones de la muerte (el reportaje mostraba las condiciones infrahumanas a las que se veían expuestos los niños de los orfanatos chinos), en el que no se duda de la importancia de que el hecho sea conocido por la sociedad y es posible que se hubiera conseguido recopilar pruebas por otros medios, pero el impacto y, por tanto, las consecuencias quizá no hubieran sido las mismas si “lo que te han contado” no se convierte en “lo que has visto” (tras el vídeo, las adopciones internacionales se multiplicaron y el gobierno chino ha acometido grandes mejoras para evitar que vídeos como ese volvieran a reproducirse).

La mayor parte de estudios hablan del mal uso de la cámara oculta. Si bien, esto se encuentra íntimamente relacionado con la mala praxis continuada que se da en determinados programas de televisión dedicados más al entretenimiento que a la información –aquellos consagrados a la prensa rosa y los que buscan el mero impacto, en lugar de un cambio positivo en la percepción o conducta de la sociedad– y que ha ido extendiéndose a los formatos más puramente informativos, “se está cada vez más tendiendo a un periodismo que no informa, sino que entretiene apelando al morbo, las emociones y el colorín” (Labio Bernal: 2008).

Teniendo en cuenta la perspectiva de la deontología profesional, el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística (artículo 25) establece que “en el ejercicio del periodismo el fin no justifica los medios por lo que la información deberá ser obtenida a través de medios legales y éticos”. Pero, cuando se contraponen lo ético y lo legal, el periodismo debería preocuparse más por lo primero a la hora de realizar una búsqueda de pruebas sobre un asunto concreto.

Poniéndose en un caso extremo, en las dictaduras, la libertad de expresión es limitada de manera brutal, lo que no conlleva que los periodistas se plieguen a las normas del sistema establecido y olviden su papel fiscalizador. En estos regímenes la diferencia entre blanco y negro es más nítida, quizá sea en las democracias occidentales donde los matices muestren mil tonalidades de grises, complicando aún más la tarea de vislumbrar entre lo éticamente correcto y lo que no lo es.

Sin duda, hay que tener bien presente el derecho al honor y el derecho a la propia imagen y a la intimidad, ponerse en la piel de la persona que se verá afectada por la publicación de las imágenes y, valorar si es justificable, ante las prácticas antijurídicas acometidas, el daño provocado en pos del interés público. Estimar si el hecho de no emitir las imágenes, respetando el derecho fundamental a la propia imagen e intimidad y el derecho al honor, imposibilitará de alguna manera cumplir con las funciones propias de nuestro trabajo, las cuales “serían en primer lugar la de informar y la de influir en la opinión y controlar los poderes públicos” (Humanes: 1998).

Respecto al engaño que supone, no se necesita una cámara oculta para que un periodista mienta sobre su identidad o, simplemente, evite dar detalles al respecto. Es ilógico plantearse que una persona que esté delinquiendo lo confiese sin tapujos ante un reportero que manifiesta cual es la naturaleza de su trabajo; e igual de irracional que el periodista en una investigación en la cual ponga en peligro su integridad física o psicológica de datos que faciliten su localización. No sólo por el peligro que supone, si no por la falta de protección que muchas veces se observa ante éste: Tomas F. Ruiz, periodista que entonces tenía su residencia en Cuenca, comenzó a recibir amenazas a raíz de la investigación que realizaba sobre un caso de corrupción institucional (motivo por el cual se traslada a Madrid) e, incluso, llegó a ser agredido en plena calle. Pese a identificar a su agresor, no llegó a ser juzgado debido a una serie de irregularidades que se dieron a lo largo de todo el proceso, en lugar de eso, el periodista tuvo que indemnizarlo por las lesiones defensivas que presentaba.

No hay que olvidar el papel del periodista. En última instancia, cuando todos los filtros fallen, debe ser éste el que ante el dilema de usar la cámara oculta o no para la obtención de información, cuando crea que no es ético su uso, se oponga y no ceda ante las presiones que pueda sufrir por parte de sus superiores, para de esa modo no caer en el sensacionalismo informativo. Aunque este sería el ideal, la realidad es que la figura del periodista cada día se ve más debilitada, golpeada con brutalidad por la doble crisis que ensombrece el futuro de su profesión (la económica y la da tecnológica), donde “el intrusismo laboral, la baja remuneración y el desempleo se han convertido en los principales problemas de la profesión periodística” (Farias Batlle; Gómez Aguilar: 2011).

La libertad de expresión puede supeditar a otros derechos siempre que haya coherencia con su finalidad pero, no es un poder ilimitado, esa intromisión tiene que estar justificada. Teniendo en cuenta lo anterior, parece factible un uso responsable de la cámara oculta. El periodista se enfrenta a gente poderosa con unos recursos muy escasos y, a veces, es la única defensa que tiene ante las situaciones más conflictivas de su trabajo ¿Cuándo utilizar esta herramienta? En los casos donde se vea absolutamente necesario y jamás como reclamo para nuestro “producto” (lo que haga Pedro J. Ramírez en sus ratos de ocio sólo le incumbe a él), pues si bien nuestra actividad tiene una naturaleza económica, nunca hay que olvidar su plano social.

Una vez tenidas sopesados todos los aspectos legales, deontológicos y éticos, si nos decidimos por este método, podríamos tener en cuenta ciertas consideraciones:

  • Si es posible, intentar omitir la naturaleza de nuestro trabajo –existen muchas maneras de plantear una pregunta–, utilizando el engaño en la identidad sólo cuando no haya otra salida.
  • Siempre que se trate de personas anónimas y lo que se intente es denunciar una actividad –no necesariamente a quien la ejerce–, deberían distorsionarse los rostros y voces de las personas retratadas, asegurándose de que no puedan ser identificados a lo largo del vídeo (de poco sirve que cuando hable sombreemos su cara mostrando su ropa, para más tarde emitir una imagen en la que se ve a un hombre con la misma vestimenta que se distinguía en imágenes anteriores). En el caso de que hablemos de personas con una marcada vida pública, no parece haber tanta diferencia entre usar una grabadora y una cámara oculta, las imágenes no harían reconocible al sujeto, sino más verosímil la información.
  • Tener en cuenta que las conversaciones que se van a emitir fueron hechas en lo que el interlocutor pensaba era un conversación, por así decirlo, “off the record”; por lo cual, aún con más razón que con cualquier otro tipo de recurso, debemos limitarnos a la selección de las declaraciones que sean relevantes para nuestra investigación. No se trata de hacer un juicio a su persona sino de exponer ante la sociedad determinadas actividades ilícitas (poniendo un ejemplo extremo, si seguimos la pista de una trama de corrupción y por el camino nos enteramos de los problemas personales de uno de los implicados, debemos tener en cuenta que esa parcela de su vida no forma parte de nuestra investigación y no tiene nada que ver con el interés público).

Por último, en cuanto al debate “cámara oculta sí, cámara oculta no”, no se trata tanto de si el fin justifica los medios –puestos ya en materia, esa pregunta tiene una respuesta fácil, no–, sino de si el medio justifica el fin. Es un medio polémico, a la vez también que razonable para determinados propósitos: Un médico no inyectaría morfina para una uña partida, pero sí se la suministraría a un enfermo terminal.

Bibliografía

  • Redondo, Marta (2009): “La cámara oculta en la construcción del espectáculo informativo”. Actas del II Congreso Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat Jaume I, Ediciones de Ciencias Sociales, pp. 441-449. Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/34060?locale-attribute=en [Última consulta: Agosto 2014].
  • Redondo, Marta (2013): “El necesario debate ético sobre las técnicas de obtención de información en televisión: cámara oculta y sensacionalismo”. Comunicación y Hombre, n. 9, pp. 187-198. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129429455012 [Última consulta: Agosto 2014].
  • Suárez-Villegas, Juan Carlos (2011): “El debate en torno a la utilización de la cámara oculta como técnica de investigación periodística”. Comunicación y Sociedad, vol. XXIV, n. 2, pp. 372-411. Disponible en: http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/27353 [Última consulta: Agosto 2014].

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