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La ética en el periodismo

En palabras de Gabriel García Márquez: “La ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Es una cualidad indispensable para la realización de una labor informativa garante, “ética y calidad periodística son gemelos, nacidos en la misma cuna” (Mandelevich: 2005).

Debido a la importancia que tiene la ética para la profesión, se han puesto en marcha todo tipo de códigos deontológicos: Algunos a nivel supranacional, como el de la UNESCO; otros adoptados por un Estado o por subconjuntos de éste (como puede ser una comunidad autónoma); y aquellos elaborados por el propio medio de comunicación.

Si bien, no dejan de ser más que una guía de comportamiento. Su incumplimiento apenas tiene consecuencias para los grandes conglomerados. La responsabilidad recae sobre los periodistas, indefensos ante las presiones económicas y políticas, a los que poco parece protegerles los diversos códigos deontológicos existentes.

El Código Internacional de Ética Periodística (UNESCO) está formado por 10 puntos, poco más que papel mojado. Si realizamos un seguimiento de los medios, se observa su violación continuada, seguida, en la mayoría de casos, por una ausencia total de consecuencias (si no se tiene en cuenta la perdida paulatina de credibilidad de los ciudadanos hacia los medios). Pongamos de ejemplo a España:

1º El derecho del pueblo a una información verídica. El 15 de agosto de 2012, día de la Paloma, coincidió con una serie de protestas que los bomberos de la Comunidad de Madrid estaban realizando contra Ana botella. Al día siguiente, mientras todos los medios explicaban como los asistentes increparon a la alcaldesa de Madrid, Telemadrid afirmó que era a los bomberos a quienes amonestó el público. María López, presentadora del programa Telenoticias-3 emitido por dicha cadena autonómica afirmaba durante la emisión del 16 de agosto: “Mal momento han elegido estos bomberos para hacer reivindicaciones laborales”.

2º Adhesión del periodista a la realidad objetiva. El 27 de agosto de 2011, el diario El Mundo, acompañando a una noticia sobre una manifestación abertzale, publica la foto de una pancarta en la que se lee: “ETA”. El texto de la pancarta era el siguiente: “Inposaketarik ez. Nazioa gara” (No a las imposiciones. Somos una nación). El director del diario, Pedro J. Ramírez, no sólo no criticó esta mala práctica sino que su opinión el periodista hace un buen trabajo al amoldar la realidad a la visión que de ésta tiene la publicación. Para el director de El Mundo, “la foto es de Pulitzer”.

3º La responsabilidad social del periodista. La responsabilidad social cae en manos del periodista que tiene que hacer frente a los presiones empresariales y políticos, en pro de una información veraz. Algo cada vez más difícil si se tiene en cuenta la precariedad laboral en la que se mueve un trabajador de la información.

4º La integridad profesional del periodista. No es extraño la aceptación de regalos por parte de periodistas, o la existencia de incompatibilidad de cargos en altos directivos del sector de la información. En diciembre de 2013, UGT denunció que el director de Medios Interactivos de RTVE, Francisco José Asensi Viana, había incurrido en la incompatibilidad en el desempeño de su cargo (al tiempo que era consejero de Nottingham Forest dicha empresa privada había recibido contratos por parte de RTVE).

5º Acceso y participación del público. Se puede ver como en algunos casos el acceso y participación del público no es para los medios más que una herramienta para sus propios intereses. Por ejemplo, las numerosas encuestas de La Razón sobre ETA y los grupos independentistas vascos, que acompañan a la información que se ofrece y no parecen tener otro fin que el de la reafirmación de su polarizada línea editorial.

6º Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre. Si echamos la vista atrás, recordaremos el vídeo sexual protagonizado por del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez (una clara intromisión a la intimidad que si tuvo consecuencias legales para los responsables de realizar la grabación y de su difusión). Pero también tenemos casos más recientes, como el trato que la mujer de Santiago del Valle (imputado por asesinato en el caso Mari Luz) tuvo por parte del programa de Ana Rosa Quintana.

7º Respeto del interés público. Se puede decir que hay un cierto cumplimiento, puesto que como dictamina este punto, “las normas profesionales del periodista prescriben el respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones democráticas y de la moral pública”. Otra cosa bien distinta sería lo que se hiciese con esas normas.

8º Respeto de los valores universales y la diversidad de culturas. Si nos fijamos en RTVE, podemos apreciar como en su parrilla radiofónica, en el fin de semana, se emiten dos programas dirigidos a las religiones. uno el sábado, dedicado a la católica; y otro el domingo, donde el espacio se divide en tres religiones distintas (evangelismo, judaísmo e islamismo). Lo más grave no es la falta de equidad en cuanto al reparto de tiempo (podría llegar a justificarse en que, por ser los medios representativos de la sociedad, aquellas ideas más compartidas tienen una mayor presencia) sino la falta total de profesionalidad a la hora de tratar el tema. No se dan datos informativos o interpretativos y no se busca la imparcialidad; sino que, por ejemplo, en el caso de Frontera se invita a la audiencia a “abordar los retos contemporáneos en los ámbitos social, económico, político, cultural o científico, desde los planteamientos del humanismo cristiano”.

9º La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada. Más de una vez los medios de comunicación han apoyado acciones bélicas por los beneficiosos que su apoyo a ciertas acciones puedan remunerarles.

10º Promoción de un nuevo mundo de la información y la comunicación. Cuesta mucho creer que esos mismos que se benefician de estar en posesión de la hegemonía sobre el flujo informativo (por ejemplo, El País en la defensa de sus intereses en Venezuela, es mucho más benévolo con Capriles de lo que lo es con Chávez –del cual da una imagen muy negativa–) impulsen un nuevo modelo de información y comunicación más democrático.

Adela Cortina asevera que “pensar con seriedad y deliberar sobre una ética de los medios de comunicación es una de las tareas más importantes, y también más urgentes, en una sociedad que quiera serlo de ciudadanos, y no de siervos”, mas parece insuficiente.

Gran cantidad de estudios hacen referencia a la necesidad de una vuelta a la naturaleza social de los medios, pero ninguno alude a la necesidad paralela de una socialización del sistema económico para que esto puedo llevarse a cabo, puesto que ha sido la naturaleza económica de los medios la que prácticamente ha aniquilado a su naturaleza social. No es de extrañar, si se tiene en cuenta que, muchos de estos documentos, están financiados por las mismas empresas a las que no les interesa nada que se ahonde en el tema.

Teniendo en cuenta que la naturaleza económica de los medios de comunicación se rige por las mismas normas que las del mercado capitalista. Cuesta trabajo imaginarse un sistema mediático que busque el equilibrio entre sus dos naturalezas, cuando el sistema de mercado por el que se rigen las empresas informativas tiene una única naturaleza, la económica. Como indica Kalle Lasn en Sabotaje cultural: Manual de uso, no podemos demonizarlas por “su búsqueda inquebrantable del crecimiento, el poder y la riqueza”, puesto que es para lo que han sido diseñadas. La ineficacia de los códigos deontológicos como reguladores éticos ha quedado más que patente, “intentar rehabilitar a la empresa, instándola a comportarse de forma responsable, es un juego para tontos. La única forma de cambiar el comportamiento de las empresas es recodificándolas, reescribiendo sus estatutos, reprogramándolas”.

Si se estudia el caso de España, los periodistas disponen de códigos deontológicos, códigos de conducta internos y se muestran claramente favorables a su urgente aplicación. No obstante, cuando se ha planteado en el país la aprobación de un estatuto del periodista o la constitución de un consejo de la información o del audiovisual, que velaran por el adecuado ejercicio de la profesión de acuerdo con el respeto de los derechos y libertades, surgen voces en contra que alegan el peligro que supondría para el derecho a la información y la libertad de expresión, siendo una forma encubierta de censura y control. Pero ante las constantes limitaciones a la libertad de expresión ejercidas por las empresas o por el Estado, por razones ideológicas o económicas, apenas se oye un susurro (por lo menos proveniente de los medios tradicionales, es la propia sociedad civil la que ha de buscarse una plataforma desde la que poder enviar su mensaje). Prueba de cómo son los intereses económicos y políticos los que mueven las determinadas posturas que toman los medios de comunicación.

Sí, de cara a la galería, los medios elaboran unos códigos de conducta deontológicos que supuestamente tienen que seguir todos sus empleados. Pero, cuando de lo que se habla es de beneficios económicos, reducen las redacciones (lo que multiplica el trabajo de los que se quedan y considera una disminución del tiempo para la elaboración de la noticia que, junto a la necesidad de inmediatez que se demanda, lleva a la falta de tiempo o recursos para contrastar las informaciones) cierran corresponsalías y recortan en salarios (que  a la precarización del trabajador, a la depreciación de su labor y a devaluar el periodismo). Algo parecido ocurre con los gobiernos de los distintos Estados occidentales que, mientras proclaman su amor a la democracia y a la transparencia, negocian en secreto con las empresas tratados internacionales que van en detrimento de las libertades individuales y del estado de bienestar (como el Tratado Transatlántico) sin apenas repercusión en los medios.

Bibliografía

  • GARCÍA AVILÉS, J. A.; GONZÁLEZ ESTEBAN, J. L.; KALTENBRUNNER, A; KARMASIN, M (2011). “La autorregulación profesional ante los nuevos retos periodísticos: estudio comparativo europeo”, en Revista Latina de Comunicación Social, 66. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/11/art/940_Elche/19_Esteban.html [Última consulta: enero 2014].
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Cámara oculta y periodismo

El derecho a informar frente a la intimidad y el honor

El uso de la cámara oculta para la realización de la labor periodística es una práctica envuelta en la polémica. El problema radica en que, cuando se utilizan medios como éste, entran en conflicto algunos de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978: El derecho a informar y a ser informado se contrapone con el derecho al honor y el derecho a la propia imagen y a la intimidad.

Uno de los motivos que se esgrimen en su contra es que el periodista logra “la filmación mediante un engaño añadido, mintiendo sobre su profesión y su verdadera intención”, además de acerca de su propia identidad (Redondo García: 2009). En lo que va de año, Reporteros Sin Fronteras lleva contabilizados 44 periodistas muertos mientras ejercían su oficio y 177 fueron encarcelados. Además, son innumerables los casos en los que sufren amenazas. No es raro que, en un oficio como este, los reporteros versionen sus vidas y sorteen lo lícito en pos de una protección mayor para sí mismos.

También hay quien se opone a “justificar, bajo ningún concepto, la grabación clandestina con cámaras en `pro´ del sacrosanto derecho de la información, cuando la Ley 4/1997, de 4 de agosto que regula la utilización de videocámaras en lugares públicos, exige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitar la correspondiente autorización”. Pronto se olvidan los hechos, fueron las cámaras ocultas instaladas por el Departamento de Interior en Les Corts, las que sacaron a la luz los abusos cometidos por agentes de las Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras estos datos, surge una pregunta: ¿Habrían actuado esos funcionarios con naturalidad si estuvieran en conocimiento de la existencia de dichas cámaras?

En su obra, Los elementos del periodismo, dos figuras reconocidas en el mundo de la información, Kovach y Rosenstiel, exponen los casos en los que el reportero puede hacer uso de métodos como el de la cámara oculta. Los cuales se transcriben a continuación (Cit. por Navarro Marchante: 2014):

  1. La información deber ser lo suficientemente importante o vital para el interés público. Sólo en ese caso se justifica el engaño.
  2. Los periodistas no deben recurrir al disfraz a no ser que no haya otro modo de conseguir información.
  3. Los periodistas deberían aclarar a sus lectores, oyentes o espectadores todos aquellos casos en que hayan engañado a las fuentes para conseguir una información y explicar los motivos de que lo hayan hecho, incluyendo en éstos por qué esa información justifica el engaño y por qué era éste el único modo de obtener los datos que se buscaban.

El problema surge cuando se abusa de técnicas como la estudiada en este texto. Pese a que, en un principio, su finalidad era la de denunciar actividades antijurídicas, en los últimos años, se ha ido extendiendo por el panorama televisivo español –como si de un virus se tratase– el empleo de la cámara oculta para todo tipo de programas, “fueron ocupando un espacio propio y la feroz e implacable lucha por las audiencias en televisión ha llevado a un uso abusivo y desmedido” (Gómez de Liaño: 2012). Surge la necesidad de denunciar las prácticas en las cuales, excusándose en el derecho a comunicar y a emitir libremente información veraz, se realiza “una especie de escarnio público de una persona en concreto, normalmente anónima hasta ese momento, que despertaba el interés morboso de la audiencia” (Navarro Marchante: 2014).

Con motivo de una demanda interpuesta por daños al derecho al honor además de al derecho a la propia imagen y a la intimidad, por una esteticista a la que una periodista contratada por Canal Mundo Producciones Audiovisuales S.A. había grabado con cámara oculta tras fingir ser una cliente en potencia (la intención de la periodista era desenmascarar a falsos profesionales del mundo de la salud). Cedieron las imágenes a la Televisión Autonómica de Valencia, para ser emitidas con posterioridad en uno de sus espacios televisivos. En enero de 2012, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que se declaraba en contra del uso indiscriminado de la cámara oculta como herramienta del periodista y la declaraba un medio ilegítimo:

“Aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante cámara oculta, constituyen una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen (…) sólo será legítima en la medida en que la afectación de dichos derechos resulte adecuada, necesaria y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de información. Por lo tanto, allí donde quepa acceder a la información pretendida sin necesidad de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente invasora de la intimidad o la imagen ajenos”.

Ante la sentencia, Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), auguraba un futuro incierto para el periodismo de investigación al afirmar que, sentencias como la expuesta, “hieren de muerte” a este tipo de periodismo. César González Antón, director de informativos de La Sexta, aseveró a su vez que “puede colisionar con el interés general y el derecho a informar”. Pero no todo son comentarios de esta índole, los más positivos hablan de un margen de maniobra para usar esta clase de métodos bajo ciertos condicionantes:

“Estos motivos podrían ser el riesgo inmediato para la vida de las personas, abusos permanentes de prácticas que atentan contra su salud, su seguridad personal o un ejercicio corrupto de la función pública, camuflada bajo tramas legales que impiden conocerlas a primera vista” (Suárez Villegas: 2011).

Teniendo en cuenta la ambigüedad subyacente en la sentencia anterior y en las leyes en general, la libertad de información y, en consecuencia el periodismo, pueden verse en una situación de lo más precaria. Los intereses personales o las presiones ejercidas desde grupos de poder pueden hacer que una persona –ya sea juez o jefe de redacción– se incline a favor de delimitar más de lo debido el derecho a informar en pro del derecho al honor y del derecho a la propia imagen y a la intimidad. Parece excesivo por parte del Tribunal Constitucional declarar “en todo caso” ilícito el método de la cámara oculta. Se antoja menos radical declarar ilícitos ciertos usos, como el que lleva a la sentencia anteriormente comentada.

Que la cámara oculta invade el ámbito de lo privado cuando es usado en un ámbito íntimo es de lo más comprensible. Pero cuando la ley percibe un despacho como un “lugar que está específicamente ordenado a asegurar la discreción de lo hablado y donde, además, se tiene una expectativa razonable de no ser escuchado u observado” (Magdaleno Alegría: 2012), habría que preguntarse que se planteaba, si defender la intimidad del cliente o la del profesional (que no quita que el medio elegido no sea el adecuado para llevar a cabo una investigación de ese tipo).

La interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional para futuros casos encara una doble dificultad para la profesión. Por un lado, los periodistas no son expertos en derecho –aprendices de todo, maestros de nada–. Por otro, se encuentra el problema de establecer quién se encarga de decidir para que informaciones es adecuado, necesario y proporcionado la utilización de un método tan invasivo. Algunos expertos abogan porque sean los propios medios los que, entre los editores y el equipo de investigación, decidan en que ocasiones podría hacerse uso de la discutible herramienta. Sin embargo, ayudaría la existencia de un colegio de periodistas a nivel nacional que dictara las guías a seguir en estos casos, realizase un seguimiento de los usos y penalizase la mala praxis, evitando de esta manera su uso indiscriminado.

El fin perseguido no siempre es la publicación de las imágenes. Una de sus utilidades razonables sería la de protección ante amenazas (a modo de seguro) o demandas judiciales, defendiéndose de demandas por calumnias, injurias o difamación. En este caso, el objetivo no es la emisión de las imágenes.

En caso de tener la intención de publicar el vídeo, las preguntas a responder serían: ¿Hay algún otro medio para conseguir las pruebas que nos lleven a la publicación de la historia? ¿Los hechos noticiosos son de interés público –sin confundirlo con el interés del público y caer en el sensacionalismo–? En el trabajo El necesario debate ético sobre las técnicas de obtención de información en televisión: cámara oculta y sensacionalismo su autora afirma:

“Los temas abordados utilizando la cámara oculta se podrían cubrir mediante otros métodos menos agresivos. Interpretamos que si la cámara oculta se utiliza es porque el resultado de la grabación resulta más espectacular y atrayente para los espectadores a quienes se invita a ser testigos de un acto cuyos protagonistas no quisieran ver difundido” (Redondo García: 2013).

Sin duda, no se debe buscar la espectacularización informativa ni el sensacionalismo, pero no en todos los casos la búsqueda de un impacto en la sociedad ha de percibirse como algo negativo, un uso correcto puede concienciar al mundo. Ese sería el caso del famoso documental Las habitaciones de la muerte (el reportaje mostraba las condiciones infrahumanas a las que se veían expuestos los niños de los orfanatos chinos), en el que no se duda de la importancia de que el hecho sea conocido por la sociedad y es posible que se hubiera conseguido recopilar pruebas por otros medios, pero el impacto y, por tanto, las consecuencias quizá no hubieran sido las mismas si “lo que te han contado” no se convierte en “lo que has visto” (tras el vídeo, las adopciones internacionales se multiplicaron y el gobierno chino ha acometido grandes mejoras para evitar que vídeos como ese volvieran a reproducirse).

La mayor parte de estudios hablan del mal uso de la cámara oculta. Si bien, esto se encuentra íntimamente relacionado con la mala praxis continuada que se da en determinados programas de televisión dedicados más al entretenimiento que a la información –aquellos consagrados a la prensa rosa y los que buscan el mero impacto, en lugar de un cambio positivo en la percepción o conducta de la sociedad– y que ha ido extendiéndose a los formatos más puramente informativos, “se está cada vez más tendiendo a un periodismo que no informa, sino que entretiene apelando al morbo, las emociones y el colorín” (Labio Bernal: 2008).

Teniendo en cuenta la perspectiva de la deontología profesional, el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística (artículo 25) establece que “en el ejercicio del periodismo el fin no justifica los medios por lo que la información deberá ser obtenida a través de medios legales y éticos”. Pero, cuando se contraponen lo ético y lo legal, el periodismo debería preocuparse más por lo primero a la hora de realizar una búsqueda de pruebas sobre un asunto concreto.

Poniéndose en un caso extremo, en las dictaduras, la libertad de expresión es limitada de manera brutal, lo que no conlleva que los periodistas se plieguen a las normas del sistema establecido y olviden su papel fiscalizador. En estos regímenes la diferencia entre blanco y negro es más nítida, quizá sea en las democracias occidentales donde los matices muestren mil tonalidades de grises, complicando aún más la tarea de vislumbrar entre lo éticamente correcto y lo que no lo es.

Sin duda, hay que tener bien presente el derecho al honor y el derecho a la propia imagen y a la intimidad, ponerse en la piel de la persona que se verá afectada por la publicación de las imágenes y, valorar si es justificable, ante las prácticas antijurídicas acometidas, el daño provocado en pos del interés público. Estimar si el hecho de no emitir las imágenes, respetando el derecho fundamental a la propia imagen e intimidad y el derecho al honor, imposibilitará de alguna manera cumplir con las funciones propias de nuestro trabajo, las cuales “serían en primer lugar la de informar y la de influir en la opinión y controlar los poderes públicos” (Humanes: 1998).

Respecto al engaño que supone, no se necesita una cámara oculta para que un periodista mienta sobre su identidad o, simplemente, evite dar detalles al respecto. Es ilógico plantearse que una persona que esté delinquiendo lo confiese sin tapujos ante un reportero que manifiesta cual es la naturaleza de su trabajo; e igual de irracional que el periodista en una investigación en la cual ponga en peligro su integridad física o psicológica de datos que faciliten su localización. No sólo por el peligro que supone, si no por la falta de protección que muchas veces se observa ante éste: Tomas F. Ruiz, periodista que entonces tenía su residencia en Cuenca, comenzó a recibir amenazas a raíz de la investigación que realizaba sobre un caso de corrupción institucional (motivo por el cual se traslada a Madrid) e, incluso, llegó a ser agredido en plena calle. Pese a identificar a su agresor, no llegó a ser juzgado debido a una serie de irregularidades que se dieron a lo largo de todo el proceso, en lugar de eso, el periodista tuvo que indemnizarlo por las lesiones defensivas que presentaba.

No hay que olvidar el papel del periodista. En última instancia, cuando todos los filtros fallen, debe ser éste el que ante el dilema de usar la cámara oculta o no para la obtención de información, cuando crea que no es ético su uso, se oponga y no ceda ante las presiones que pueda sufrir por parte de sus superiores, para de esa modo no caer en el sensacionalismo informativo. Aunque este sería el ideal, la realidad es que la figura del periodista cada día se ve más debilitada, golpeada con brutalidad por la doble crisis que ensombrece el futuro de su profesión (la económica y la da tecnológica), donde “el intrusismo laboral, la baja remuneración y el desempleo se han convertido en los principales problemas de la profesión periodística” (Farias Batlle; Gómez Aguilar: 2011).

La libertad de expresión puede supeditar a otros derechos siempre que haya coherencia con su finalidad pero, no es un poder ilimitado, esa intromisión tiene que estar justificada. Teniendo en cuenta lo anterior, parece factible un uso responsable de la cámara oculta. El periodista se enfrenta a gente poderosa con unos recursos muy escasos y, a veces, es la única defensa que tiene ante las situaciones más conflictivas de su trabajo ¿Cuándo utilizar esta herramienta? En los casos donde se vea absolutamente necesario y jamás como reclamo para nuestro “producto” (lo que haga Pedro J. Ramírez en sus ratos de ocio sólo le incumbe a él), pues si bien nuestra actividad tiene una naturaleza económica, nunca hay que olvidar su plano social.

Una vez tenidas sopesados todos los aspectos legales, deontológicos y éticos, si nos decidimos por este método, podríamos tener en cuenta ciertas consideraciones:

  • Si es posible, intentar omitir la naturaleza de nuestro trabajo –existen muchas maneras de plantear una pregunta–, utilizando el engaño en la identidad sólo cuando no haya otra salida.
  • Siempre que se trate de personas anónimas y lo que se intente es denunciar una actividad –no necesariamente a quien la ejerce–, deberían distorsionarse los rostros y voces de las personas retratadas, asegurándose de que no puedan ser identificados a lo largo del vídeo (de poco sirve que cuando hable sombreemos su cara mostrando su ropa, para más tarde emitir una imagen en la que se ve a un hombre con la misma vestimenta que se distinguía en imágenes anteriores). En el caso de que hablemos de personas con una marcada vida pública, no parece haber tanta diferencia entre usar una grabadora y una cámara oculta, las imágenes no harían reconocible al sujeto, sino más verosímil la información.
  • Tener en cuenta que las conversaciones que se van a emitir fueron hechas en lo que el interlocutor pensaba era un conversación, por así decirlo, “off the record”; por lo cual, aún con más razón que con cualquier otro tipo de recurso, debemos limitarnos a la selección de las declaraciones que sean relevantes para nuestra investigación. No se trata de hacer un juicio a su persona sino de exponer ante la sociedad determinadas actividades ilícitas (poniendo un ejemplo extremo, si seguimos la pista de una trama de corrupción y por el camino nos enteramos de los problemas personales de uno de los implicados, debemos tener en cuenta que esa parcela de su vida no forma parte de nuestra investigación y no tiene nada que ver con el interés público).

Por último, en cuanto al debate “cámara oculta sí, cámara oculta no”, no se trata tanto de si el fin justifica los medios –puestos ya en materia, esa pregunta tiene una respuesta fácil, no–, sino de si el medio justifica el fin. Es un medio polémico, a la vez también que razonable para determinados propósitos: Un médico no inyectaría morfina para una uña partida, pero sí se la suministraría a un enfermo terminal.

Bibliografía

  • Redondo, Marta (2009): “La cámara oculta en la construcción del espectáculo informativo”. Actas del II Congreso Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat Jaume I, Ediciones de Ciencias Sociales, pp. 441-449. Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/34060?locale-attribute=en [Última consulta: Agosto 2014].
  • Redondo, Marta (2013): “El necesario debate ético sobre las técnicas de obtención de información en televisión: cámara oculta y sensacionalismo”. Comunicación y Hombre, n. 9, pp. 187-198. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129429455012 [Última consulta: Agosto 2014].
  • Suárez-Villegas, Juan Carlos (2011): “El debate en torno a la utilización de la cámara oculta como técnica de investigación periodística”. Comunicación y Sociedad, vol. XXIV, n. 2, pp. 372-411. Disponible en: http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/27353 [Última consulta: Agosto 2014].

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La autodeterminación indeterminada

La pugna entre nacionalismos no es nueva, se ha ido prolongando a lo largo del tiempo: Si unos hablan de opresores, los otros de rompepatrias. La ausencia de un debate serio entre los ciudadanos y de una intención real de diálogo entre los políticos no augura un futuro diferente.

Se discute sobre la legalidad, con una Constitución Española tan contradictoria que primero dice que todos somos iguales ante la ley, para más adelante privilegiar la figura del Rey, una Constitución que ni tan siquiera deja claro “si es un Estado unitario o federal o un tipo intermedio”. Pero, en un Estado donde el último diálogo serio y respetuoso entre distintos puntos de vista fue el Pacto de Toledo (olvidando que no era un punto y final, sino seguido), no es de extrañar que la legislación sea tan ambigua.

CE

El marco legal parece estar lleno de sinsentidos, por un lado, España, como país firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe asegurar que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”. Por el otro, el supuesto habla de casos de pueblos en una situación colonial que son sometidos a la voluntad de la metrópoli. Así que, al considerarse a Cataluña como una parte integrante del Estado Español, le queda restringido el ejercicio de este derecho.

Fuera de la legalidad o no de una consulta sobre la autodeterminación, nada parece más peligroso que la incertidumbre y el no saber, que provocan miedo y rechazo. Quizá sería más positivo conocer la situación real del Estado y la respuesta de los ciudadanos, sea cual sea, para comenzar a buscar una solución válida para todas las partes.

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Qué se criminaliza: la violencia o la desobediencia civil

Tras las Marchas de la Dignidad, la noticia, para gran parte de los medios nacionales e internacionales es el supuesto ensañamiento contra las Fuerzas del Orden en el cual, según ABC, al menos 67 agentes resultaron heridos (una de las excepciones es Al Jazeera, que se centra más en los motivos de las movilizaciones).

22m

Marchas de la Dignidad a su paso por Cibeles (22 de marzo de 2014)

Marchas de la Dignidad a su paso por Cibeles (22 de marzo de 2014)

Los diarios hablan de la violencia provocada por un grupo reducido de manifestantes, cuando, de manera continua, se omite el debate sobre la inducida contra las personas que ejercen su derecho a manifestarse por un Cuerpo del Estado como es la UIP.

Hay intención de criminalizar todo movimiento que vaya en contra del orden establecido: Si los medios de comunicación, en general, tuvieron reparos a la hora de hacerse eco de las marchas desde la salida hasta su llegada a la capital y de las trabas que algunas denuncian haber sufrido, no han dudado a la hora de reproducir imágenes en las que los manifestantes eran retratados de forma violenta.

29S

Movilizaciones del 29S (Glorieta de Neptuno, septiembre de 2012, Madrid)

Sin embargo, son numerosas las fotografías y vídeos que circulan en la red en los que se puede apreciar como las Unidades de Intervención Policial (UIP) ejercen la violencia de manera totalmente desproporcionada y, a nivel nacional, apenas tiene repercusión mediática en los medios tradicionales.

 

Los ciudadanos que, en su gran mayoría, se expresan de forma pacífica, son golpeados indiscriminadamente, permitiéndose el uso de armas que ponen en grave peligro la vida o integridad de las personas (el 22M un joven perdió uno de sus testículos por el impacto de una pelota de goma). La violencia nunca es justificable pero, hoy, se condena porque es la UIP la que ha cobrado, no por cuestiones éticas ni morales.

Como colofón de este despropósito, desde el gobierno, se intenta responsabilizar a los organizadores por no poder controlar lo que 1.700 agentes de la UIP, bien entrenados para estos casos, no “supieron” contener.

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ERE al sistema

 

Ayer fue unos de esos días en que te levantas envuelta en una sensación de asfixia, no causa por un daño físico, sino por la intranquilidad de una persona angustiada que ve como poco a poco van desapareciendo sus derechos y libertades.

Comienzas el día asqueada del mundo, al ver que la mayor parte de la población es incapaz de ver su poder y, más aún, recordárselo a los miserables que día a día manejan los hilos sin preocuparse por éste y por los que lo pueblan: Somos la mayoría, os hemos puesto ahí y os podemos quitar, es de nuestro sudor de donde sale el dinero que cubre vuestros escandalosos sueldos. Somos vuestros jefes.

Cuando el pesimismo estaba apunto de causar estragos, se abrieron las puertas de la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Campus de El Ejido, Málaga). Javier Fernández, socio fundador de Altekio S. Coop. Mad., presentaba el curso Laboratorio de IDEAS: medios de comunicación y alternativas a la crisis.

Javier

Javier Fernández (Altekio S. Coop. Mad)

David Comet dio la bienvenida a los asistentes en nombre de Ideas (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), la encargada de organizar el evento, una organización de Comercio Justo  que busca “transformar el entorno económico y social para construir un mundo más justo y sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo Responsable, tanto en el ámbito local como internacional”.

David Comet (Ideas)

David Comet (Ideas)

Toni Pons Cañellas (REAS Andalucía) comenzó su exposición con un semblante que reflejaba la preocupación ante “una crisis de mayor profundidad que la crisis económica”, en la cual los más perjudicados vienen siendo “los valores morales y éticos”. Para “dar respuesta a la creciente deshumanización de la economía, al deterioro del Medio Ambiente y de la calidad de vida, así como a la falta de valores éticos que producen una degradación creciente en la cultura y la educación”, su propuesta es REAS  (Red de Redes de Economía Alternativa Y Solidaria).

Toni Pons Cañellas (REAS Andalucía).

Toni Pons Cañellas (REAS Andalucía)

La fórmula que REAS plantea es una economía más solidaria guiada por seis grandes principios:

  • Igualdad: satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos los protagonistas (trabajadores, empresarios, socios de la asociación o accionista de la empresa, clientes, proveedores, comunidad local, nacional e internacional….).
  • Empleo/Trabajo: El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco cualificadas. Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y su tomas de responsabilidades.
  • Medioambiente: Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales con el medioambiente a corto y largo plazo, de manera que el desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.
  • Cooperación: Favorecer la cooperación como un valor más humano, más rentable y más eficaz, en lugar de basarnos en la competencia dentro y fuera de la organización.
  • Sin ánimo de lucro: Que todos los beneficios que la buena gestión generen sean para invertir en la mejora de los medios para seguir trabajando en la misma dirección y nunca para repartir entre los gestores o asociados.
  • Compromiso con el entorno: Estrechar lazos con la población cercana del territorio donde realizamos nuestras actividades productivas de manera que sea el conjunto de nuestro entorno el que avance conjuntamente con nosotros (se puede ver todo el contenido de la Carta en la dirección de Internet: www.economiasolidaria.org/carta.php).

Elena Nagore habló por el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía,  una plataforma que articula a diferentes actores sociales andaluces que están muy preocupados por el actual estado del derecho a la información y comunicación.  En un mundo donde la información se ha convertido en una mercancía y, prácticamente, olvidó su naturaleza social; bajo la firme mano de un conglomerado mediático que condiciona el pensamiento hegemónico, donde “las agendas comunicativas e informativas vienen marcadas por los políticos y las grandes empresas” y “las buenas prácticas sociales son invisibles a los grandes medios tradicionales”.

Elena Nagore

Elena Nagore (Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía)

Para llevar a cabo su misión, la representante del foro explicó la importancia de la “alfabetización mediática” de la ciudadanía para despertar su interés y preocupación por la necesidad de unos medios de comunicación plurales y libres. Invitando a las personas a alzar su voz, a ser actores de los medios en lugar de meros receptores; hacerles recordar que el derecho a la comunicación pertenece a todos los individuos.

Isabel Jiménez (RNE Radio 5) expuso las consecuencias del consumo irresponsable: Comprar un producto fabricado en otro continente supone una contaminación extra por CO2; además del peligro que acarrea depositar nuestras necesidades de sustento “en manos de distribuidoras a miles de kilómetros”, ante “una crisis energética podría dejarnos con un problema alimentario importante”. Sus  palabras invitan a reflexionar sobre los hábitos de compra y describen el consumo crítico como una “herramienta para poder cambiar el mundo”.

Isabel Jiménez (RNE Radio 5)

Isabel Jiménez (RNE Radio 5)

Marcial García presentó a Comsolidar, proyecto que nace hace 5 años dentro de la Universidad de Málaga, ante una universidad pública cuya comunicación “está centrada en cuestiones empresariales (…) alimentando un modelo que es el eje, la raíz, de todos los problemas que sufrimos”.

Comsolidar decide trabajar gratis para ONGs y otras organizaciones sin recursos, que “no tienen acceso a un mercado de la comunicación que está en manos, una vez más, de la economía”. Ante un  presupuesto cero, redes de cooperación.

Marcial

Marcial García (Comsolidar)

Por un lado ofrece  a estudiantes “prácticas en un terreno profesional pero con una formación en valores”; y, por otro, permiten a las organizaciones con las que trabajan ejercer su derecho a comunicar su realidad, convirtiéndose en su voz. “Todos ganamos” con este “proyecto de pedagogía social”.

García señala que comunicar con la culpa no empodera, “la comunicación para el cambio sólo tiene sentido cuando la propia comunicación y el proceso de transformación es un proceso de ocio, lúdico, que contagia alegría y en el que nos lo pasamos pipa. Cambiemos el sistema pasándolo pipa ¿Por qué no?”.

Bruno Padilla representaba a Sentido Común, una agencia de comunicación especializada en contenidos sociales que siente indignación ante la actualidad política, económica y social, pero, “sobre todo, en como es recogida por los medios”.

Bruno Padilla (Sentido Común)

Bruno Padilla (Sentido Común)

Señala la necesidad de cambiar el discurso por otros más eficaces, capaces de trasladar la información a toda la ciudadanía, no sólo a otros comunicadores. Procurando que los medios se conviertan en actores de cambio, mediante un periodismo más humano.

Por último, habló Andrea Kropman de Punto Abierto. Los integrantes de esta cooperativa, pertenecientes al mundo de la comunicación y de la informática se cansaron de “la explotación que había en esos sectores” y decidieron crear una propuesta diferente basada en la economía solidaria. Desde el 2009, se dedican a desarrollar “tecnología social, en el ámbito de software libre, comunicación, educación y diseño”. Sus metas:

  • Creación de proyectos tecnológicos viables y sostenibles, realizados con los estándares de máxima calidad.
  • Construcción de un sistema de comunicación tecnológico en Internet abierto y participativo.
  • Establecer nexos y conexiones entre áreas tecnológicas y sociales.
  • Difundir el trabajo tecnológico como parte de una función social.
  • Fomento de la comunicación en los canales digitales de información, sus funciones, formatos y diversidad.
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Andrea Kropman (Punto Abierto)

Quizá todas estás alternativas no sean parte de la solución definitiva, pero sin duda son un avance hacia esa meta. El sol recuperó su brillo: Que empiece el ERE.

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Todo por un desahucio… O dos

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Isabel se sentía una mujer feliz esa tarde, el desahucio programado para la mañana siguiente había sido aplazado de momento y un afectado que llevaba luchando desde febrero de 2012 por la dación en pago, le acaba de llamar comunicándole que por fin se la habían concedido. Sabía que quedaba mucho por hacer, e intentaba mantener los pies en el suelo, las victorias eran temporales y habría que seguir con la lucha si se buscaba un verdadero cambio en la situación hipotecaria del país.

 Ejecutaron su hipoteca en el 2010, cuando vivía en Toledo, no estaba aún el 15M, la plataforma, ni nada que se le pareciera. Mas tarde, en el 2011, fueron a por la persona que la había avalado, Magdalena, su madre. Paro su desahucio tres veces con la ayuda de la Asamblea 15M de Getafe (que se implicó mucho con ellas y fue al ayuntamiento a exigir soluciones) y, más tarde, la de la Plataforma de Afectados por la hipoteca, pero terminaron expulsando a Magdalena de la vivienda, con 59 años y una minusvalía de un cincuenta por ciento. Ahora, alquiladas en la habitación de un piso, se enfrentan a un tercer desahucio puesto que los dueños del inmueble no pagan la hipoteca. No tienen luz, los propietarios dejaron de abonar las facturas y se la cortaron, su situación no puede ser más dura. A pesar de que el Ayuntamiento se comprometió a realojarlas, a día de hoy, siguen sin respuesta, aún así, un brillo de esperanza no abandona sus ojos.

 Hace un año, Isabel Torres se encontraba sola intentando poner en marcha la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Getafe, antigua ciudad dormitorio y pueblo humilde de la zona sur de Madrid. Hoy, el PAH de este municipio no esta integrado por una multitud, pero si los suficientes como para mover las acciones que se llevan a cabo en el lugar y para sumarse a las de otros barrios.

 Acciones como la del pasado martes, en la cual 30 personas ocupaban una de las oficinas que Bankia tiene en Pinto pidiendo la dación en pago para tres familias con problemas hipotecarios con dicha entidad. Al ultimar los detalles, su mirada se torna desafiante: “Me da igual que me cueste un año que dos, lo he perdido todo, no tengo nada que perder”. Ante la posibilidad de que la detengan, no duda en bromear con la certeza de que por lo menos no echará en falta un “plato de comida”.

 Desde que Isabel tomó conciencia del problema hipotecario al que se enfrentan muchas familias españolas como la suya, no ha hecho otra cosa que pelear por sus derechos y los de otros. Sabe de todos los casos que se puedan imaginar y habla de sentencias, tantos en EE. UU. Como en Europa, en contra de diversas entidades bancarias en las cuales se apoya a la hora de ejercer presión frente a los bancos y cajas. Sentencias que ya han llevado a la supresión de 22 cláusulas hipotecarias habituales hasta el momento.

 Las ayudas recibidas por otras asociaciones o formaciones de distinta índole eran inexistentes. Tras una conversación con el director de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, éste les cedió dos locales del Centro Vecinal: El primero para las asambleas y el segundo para la orientación legal de Javier Rubio (abogado).

 Javier era integrante de la PAH Madrid y, tras mudarse a Getafe, estaba convencido de que allá donde fuera podría aportar su granito de arena. Con esa idea en la mente conoció a Isabel, y poco a poco se les fue uniendo más gente. Orienta a los afectados que se acercan hasta el local, explicándolas las posibilidades que tienen dependiendo del momento en el que se encuentran de la ejecución de embargo.

 Hasta su puerta llegan familias con mucho miedo y desesperación, en parte debido al maltrato de administraciones como la de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Getafe. Algunas acusan a la administración de ningunearlos con frases malintencionadas que resuenan en sus cabezas durante días: “Seguro que tienes una tele de plasma, ve vendiéndola”; “es que tu hija está estudiando y eso es muy caro, dile que deje de estudiar”; o “¿Qué quieres, vivir gratis toda la vida?”.

 El acoso se agrava cuando se trata de inmigrantes, por esa razón algún integrante de la plataforma los acompaña cuando quieren entregar al banco un documento para conseguir un margen o en el cual se proporcione una posible solución al problema; como podría ser la dación en pago con un régimen de alquiler social. En muchos casos, si no son acompañados, los bancos no reciben sus cartas.

 Se enseña a esos núcleos desprotegidos que hay herramientas para defenderse, lo que da lugar a que se reactiven al ver que hay más personas en su situación. Recordándoles que “ellos no son culpables que son las víctimas los culpables son las instituciones públicas y los bancos”. El cambio emocional de los individuos es motivador, justificando ante la mirada del colectivo o la de los individuos que lo forman cualquier consecuencia futura que pudiera acarrearles sus actos.

 Otra de las personas que se unió a Isabel en su defensa a estos colectivos más desprotegidos es María del Mar Rodríguez o, como todo el mundo la llama en la plataforma, Mar. No se integró directamente en el PAH de Getafe. Su historia comenzaba el 15 de mayo de 2011 cuando acudió a la manifestación del 15M, movilizada por la convocatoria de V de Vivienda. Hasta este verano, había estado inmersa en actividades del 15M; en esos meses estivales, cada vez le llegaban más noticias de vecinos que veían peligrar su residencia. Es entonces cuando decide unirse a la plataforma, la cual considera una herramienta para la lucha.

 Mar recuerda el caso de Paco, un vecino al que el paro amenazaba con dejarle sin casa, teniendo además una minusvalía. Gracias al gran esfuerzo de la plataforma, el Ayuntamiento se comprometió a su realojamiento en un piso de Getafe.  Su rostro reflejaba felicidad, eso es lo que se obtiene al luchar codo con codo, las alegrías del otro se convierten en propias.

 Aunque se intenta que haya un reparto de tareas, la coordinación entre los miembros del grupo es una labor pendiente. Una de las consecuencias de los movimientos sociales de este tipo: lo que se gana en humanidad, se pierde en eficacia burocrática.

 El esfuerzo conjunto de la asamblea y de la plataforma llevan a la creación de la Comisión Municipal para la Paralización de los Desahucios y el Realojo de las Familias en Vivienda Digna, que surge como iniciativa de IU y Los Verdes, y es aprobada por unanimidad en un pleno del Ayuntamiento de Getafe. Han estado en la comisión una vez al mes, hasta el pasado noviembre; que, en vistas de que no hay ningún movimiento que indique la intención del Ayuntamiento de dar solución al problema de Magdalena, ni de solucionar el resto de problemas, Getafe Vivienda se apartó de la comisión. La plataforma está a la espera de que se vuelva a reunir la comisión par decidir si continuar en ésta o no.

 No sabían como acabaría todo y no era posible adivinar cual sería la estrategia del gobierno dentro de dos años, pero estaban seguros de que si esta no les gustaba, el ejecutivo les tendría que oír. No pensaban aceptar el pago de deudas desorbitadas que para ellos no representaba más que la trampa creada por las entidades financieras, una forma de hacer legal que los ciudadanos de a pie terminen pagando sus platos rotos ante una mala gestión que sólo buscaba el enriquecimiento rápido y de forma acelerada de sus beneficios, sin preocuparse por las consecuencias del mercado.

 Se encareció el alquiler creciendo entre la población la idea de que resultaba más rentable la compra de una casa que el arrendamiento, sumado a que se otorgaron toda clase de facilidades en la concesión de créditos hipotecarios. Mar sentencia la mala administración de los diversos gobiernos que han ido ocupando La Moncloa con una oración:  “Está penada la acumulación de bienes de primera necesidad con objeto de alterar su precio eso es un delito penal grave y, sin embargo, se ha permitido”.

 Las palabras que los miembros dedican al Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre tampoco son demasiado esperanzadoras. Para la plataforma representa un parche que, aunque da un tiempo extra a los afectados para intentar encaminar sus vidas, con la sombra de una crisis que puede prolongarse más aún que dicha reforma, la solución no parece pasar por un paréntesis que haga que, el 14 de noviembre de 2014, el número de familias  en riesgo de desahucio (en el 2012 las ejecuciones hipotecarias se incrementaron en un 134%) sea mucho mayor, dificultando su reinserción. Además, discrimina a un colectivo como es el de los inmigrantes, tan golpeado por las dificultades anteriormente comentadas, al ser excluidos por el decreto.

 El gobierno se encuentra frente a una sociedad a la que cada vez le cuesta más comprender porque tiene que pagar un rescate que sólo beneficiará a aquellos que han provocado la crisis, mientras muchas familias sufren los estragos de la locura financiera e inmobiliaria al ver como los miembros que la sustentan son despedidos de sus trabajos, maltratadas por la administración y relegadas a una situación de clara desprotección social cuando los bancos y cajas, graves culpables de su situación, las despojados del techo que las cobija.

 El mensaje de los representantes públicos de ciertas instituciones no ayudan a la búsqueda de una solución efectiva al problema, pues muchos de sus comentarios llaman a la criminalización del parado y del indefenso, dando a entender que la situación actual es culpa de ellos. No fueron ellos los que hicieron inversiones millonarias en proyectos fiasco, ni los que inflaron el precio de las viviendas provocando que a la crisis económica mundial se le sumara la inmobiliaria. Mar se indigna y sus palabras lo reflejan: “Se confió en que los partidos democráticos nos iban a llevar a un buen fin, al final hemos visto que no, que su fin era su propio beneficio y la pérdida de derechos por parte de la ciudadanía. Es ahora cuando ha habido un movimiento social reivindicativo de todos estos derechos (…) hasta ahora estábamos dormidos (…) nos hemos dejado engañar”.

 Todas esas razones son las que llevaron a Isabel, Mar, Javier y unos cuantos más a una asamblea que resultó especialmente dura. El local del centro vecinal que solía resguardarlos se encontraba cerrado por vacaciones, pero los problemas de la plataforma no tenían descanso; así que allí estaban, en plena calle, detrás del ayuntamiento. Caía una helada que hacía honor a la fama del frío y seco invierno de esa ciudad, mientras convertía sus bocas en pequeñas chimeneas humeantes.

 Entre sus numerosas y diversas acciones, estos días, el pequeño grupo se halla en la última etapa de su labor en la Iniciativa Legislativa Popular que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha impulsado, facilitando para ese fin diversos puntos de firmas en multitud de ciudades, donde la gente pueda acercarse y apoyar esta ILP. Se llevará el próximo 25 de enero al Congreso y gira entorno a tres demandas: la dación en pago con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social.

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Democracia estás ausente

Glorieta de Neptuno (29-S)

Aunque los organizadores de las manifestaciones del 25, 26 y 29 de septiembre en Madrid habían comunicado su intención de que las movilizaciones se desarrollaran de manera pacífica, el ambiente estaba cargado de tensión y no costaría mucho que cualquier mínimo incidente provocara el caos.

Los disturbios se sucederían a lo largo de esas tres jornadas. La mayor parte de integrantes de la UIP iban sin identificar y, cuando los antidisturbios se enfundaban los petos, como preparándose para la batalla, no pude ver un solo agente con su número de placa visible, lo que contradice el reglamento de dicho cuerpo. Carta blanca para la barbarie que tuvo lugar.

Para el Ministro de Interior, se llevo a cabo una “actuación ejemplar” por parte de la Policía; para otros, fue una demostración innecesaria de violencia contra unos manifestantes que en su mayoría eran pacíficos. Dónde lo ejemplar de permitir que un grupo de antidisturbios profirieran patadas y porrazos a una madre y a su hija que se hallaban sentadas en el suelo. Cuál es el lado positivo de que saquen a golpes y empujones a un joven del tren, mientras amenazan a los viajeros que recriminan el uso de una excesiva violencia a los agentes de la UIP. Y no, no le vi ninguna gracia a que, mientras fotografiaba las dantescas escenas que se alzaban ante mis ojos, un antidisturbios me propinase unos leves golpes con su porra en mi casco, al parecer le molestaba mi presencia a su paso… Habrá que recordarles que esa zona del cuerpo se usa para pensar (parecen haber perdido el hábito).

Seguro hay quien apoye la versión de las fuentes institucionales que aseguran el correcto comportamiento de la Policía. Por lo que se pudo observar, fotografiar y grabar, eso no tenía nada que ver con “garantizar el Estado de derecho” como explicaba Cifuentes, la Delegada del Gobierno de Madrid –quién últimamente se cabrea cuando le preguntan con respecto a su marido-; sino, más bien, con reprimir  a los manifestantes y disuadirlos de futuras movilizaciones.

Cristina Cifuentes habla de “garantizar el Estado de derecho” mientras plantea recortar el derecho de todo aquel individuo que pretenda manifestarse en defensa de aquello que cree correcto. Algunos antidisturbios parece que se han adelantado a la Delegada del gobierno de Madrid. Así hay un video circulando por internet, en el que se puede ver como uno de estos agentes golpea a un joven con  su porra y luego, dirígiéndose a un compañero dice: “No sé si es manifestante o viajero” (minuto 6:40 del video). Esas palabras reflejan el uso injustificado de la violencia (por si acaso, que se vaya calentito) y la criminalización del manifestante, desde cuándo salir a la calle a luchar por tus derechos convierte a una persona en un delincuente a reprimir.

Es de señalar, además, la desaparición de la grúa que se encontraba en la Glorieta de Neptuno y desde la cual se obtenía un impresionante perspectiva de lo que acontecía en los alrededores. Estructura que, aunque era visible el 25 y 26, el 29 ya no estaba. Con qué derecho prohíbe el Ayuntamiento de Madrid  la instalación de grúas y andamios para la cobertura de la manifestación; o, lo que es lo mismo, censura el correcto funcionamiento del sistema informativo ¿Qué es lo que pretendían esconder a los ciudadanos? ¿En qué acciones emprendidas no querían testigos?

Con todo, los palos no han asustado a una población cansada de una clase política que, como recuerda el Juez Pedraz, se encuentra en “decadencia” (Gürtel, EREs, aeropuertos sin aviones… barra libre a costa del pueblo). El miedo no ha podido con la frustración y la impotencia, las movilizaciones se sucederán a lo largo del mes de octubre ante una democracia que parece ausente.

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